Opacidad presupuestaria

Generalmente la opacidad de las cifras de los flujos económicos que maneja la administración central resulta insoportable. A pesar de las numerosas demandas de las administraciones autonómicas y de la UE, la transparencia en las cuentas de los sucesivos gobiernos de Madrid, son una mera promesa que se incumple año sí, año también. Es por ello que todos los estudios de cuentas medianamente fiables sobre lo que es el agujero negro de los Ministerios centrales, se debe elaborar partiendo de los flujos de entrada y salida elaborados por las administraciones locales y autonómicas, y solo en los casos donde exista una relativa transparencia ya que, de una forma supuestamente deliberada, también hay CC.AA. cuyo manejo del dinero emula la opacidad de la administración central. Esta ya sería, por sí solo, una razón definitiva para no permitir que Madrid controlara los recursos de los españoles, porque el gran drama de la España de las Autonomías ha sido, sin duda, no ser capaces de deshacernos del lastre centralizador. Las duplicidades y oscurantismo de los gobiernos centrales son la fuente de unas corruptelas que después, como una metástasis cancerosa, se extiende por todas sus ramificaciones para tumorizar gravemente a las corporaciones locales y autonómicas de todo el país.

En un país como el nuestro, donde se dio vida a un proceso autonómico esperanzador, la existencia de los gobiernos civiles y las diputaciones provinciales, solo han servido para minar esas autonomías y aumentar formidablemente el gasto del conjunto. Las propias CC.AA. debían haber asumido todas las competencias de esas instituciones, ahorrando millones a la administración. Así mismo, para mantener la coordinación, el Senado debió haberse convertido en una cámara de coordinación de esas autonomías.

Por su parte, los ministerios centrales debieron transferir la mayoría de sus funciones para un control local mucho más eficaz, manteniendo la centralización solo a un nivel de coordinación inter-autonómico y reduciendo al mínimo sus onerosas estructuras para un mayor ahorro y eficacia administrativa.

Desgraciadamente, la opacidad, combinada con la alegría contagiosa de algunas comunidades a la hora de hacer sus cuentas, ha llevado a estados de déficit presupuestario insostenibles. No es, sin embargo, el tema de este artículo las alegrías presupuestarias, menos aún sabiendo que cada vez que se tratan hay quien se siente ofendido sin que, a mi modo de ver, existan razones para ello.

Como hemos dicho, ante la opacidad de las cuentas centrales, solo podemos permitirnos un análisis a trvés de las cuentas locales e intentar hacer justificaciones, extrapolaciones y aproximaciones de lo que pasa en el interior de ese agujero negro que habita en Madrid.

La Generalitat de Catalunya llevó a cabo un estudio en 2001 (con el gobierno Aznar en Madrid y el de Pujol en Barcelona) donde se demostraba que, por flujos monetarios, el déficit presupuestario para con Catalunya suponía una cifra similar al 9,2% de su PIB (http://independencia-catalunya.com/Estudio%20Generalitat.pdf). Eran “buenos tiempos” para la macroeconomía de cifras, y tanto el PIB, como los ingresos por impuestos, gozaban de una salud excelente. Con todo, un diferencial del 9,2% era algo inaudito en cualquier lugar de Europa donde el mayor diferencial de una región (incluso en sistemas mucho más centralizados) no superaba el 3% (el 6%, de forma excepcional, se mantuvo durante 15 años y solo en algunas de las más ricas regiones de Alemania Occidental, para compensar el atraso de la parte Oriental, tras la reunificación alemana).

Las promesas de transparencia presupuestaria del gobierno Aznar tampoco faltaron entonces, pero entre tanto objetaron contra el resultado de estas cuentas. El gobierno central afirmaba poseer un superávit presupuestario que era referencial y que debía ser aplicado como una neutralización de estas cuentas, dando por supuesto que lo que al final aportaba Catalunya era una cantidad inferior (todo y que ese dinero no volvía a su origen, ni volvió nunca; casi 2.100 millones de euros perdidos en la administración central en un solo año); de este modo el déficit se reducía a un 7,5%, que visto desde el punto de vista del benefició, el gobierno Aznar lograba reducirlo a una cifra (totalmente artificiosa) del 6,1%. Que teniendo en cuenta que esos eran los buenos tiempos que siempre nos ha vendido el PP, aún puede considerarse como una cifra escandalosa y perfectamente entendible como de total expolio a Catalunya... y eso que, como hemos visto, la cifra real aún es mucho más aberrante.

Finalmente, aquel estudio de la Generalitat, aún aceptando las objeciones del gobierno central, determinó que la balanza fiscal de Catalunya con la administración central en una media entre 1986 y 2001, en tanto por ciento sobre el PIB y flujo monetario, con aceptación de las neutralizaciones del gobierno central, se establecía en el 7,6%. Eran 15 años de continuada transgresión presupuestaria (más .

Pero estamos hablando de 2001 y no contamos con cifras posteriores. Seguramente hay análisis más modernos (de hecho tenemos constancia de uno realizado por “La Caixa” en 2004, pero no hemos podido acceder a él), pero lo que importa es que, a pesar de as promesas, las peticiones y la insistencia de la UE, las cifras de Madrid siguen manifestando niveles similares de opacidad, con el agravante de que puntualmente se permiten realzar afirmaciones negando la evidencia sobre la perpetuación del expolio, pero sin aportar las cifras que implicarían un cierto grado de transparencia por el que podíamos empezar a evaluar el grado de eficacia de esa administración central. Administración que, desde el 15M, está totalmente cuestionada habida cuenta el gran número de consejeros y asesores que pululan por ella sin hacer nada, pero cobrando sueldos de escándalo.

Mientras se cuestiona en la calle el trabajo de las administraciones políticas, la crisis también ha dañado todas las fuentes de ingresos del Estado, con más razón las de las autonomías, pero aún es más hiriente el estado de las cuentas de muchos ayuntamientos que vivieron un anormal éxtasis bajo el influjo de la fiebre del ladrillo. Cuando la crisis empezó a mostrar sus primeros signos, las necesidades económicas de las administraciones locales, autonómicas y también centrales, seguían una línea ascendente. Por aquel entonces el Gobierno Central, para evitar el pánico, negó lo que para muchos ya era una evidencia (más en un país donde ya se esperaba el reventón de una burbuja inmobiliaria desmedida, desde hacía al menos cuatro años), también intentó compensar los primeros síntomas aumentando el gasto público. Esta es una política, que, en contra de lo que pueda suponer, yo no cuestiono, es más, valoro positivamente. Lo que sucede es que junto a este aumento del gasto orientado a infraestructuras, debía afinarse mucho en poner freno en los gastos superfluos que la inercia de los superávits presupuestarios había generado. Por ejemplo, era una necesidad limitar el número de asesores y consejeros, evitar informes innecesarios, buscar sinergias y, sobre todo, detectar fisuras económicas difíciles de justificar. Pero nada de esto se hizo y todo el gasto pasó a aumentar la deuda.

Lo peor del caso es que la mayoría de las administraciones también habían adquirido innumerables compromisos que debían ejecutarse y pagarse, pero los ingresos de que dependían ahora decrecían. Algunas de esas administraciones incluso se habían endeudado contando en que los ingresos seguirían la línea de los mejores tiempos y casi ninguna había pretendido compensar parte de aquel gasto con la eliminación de las inercias que las anteriores alegrías habían generado. Digamos que los políticos, en general, han demostrado ser unos pésimos gestores, por ello dar demasiado presupuesto y demasiado poder a algunos de ellos, no parece una idea  muy buena. Y es que eso de los gastos superfluos resulta una idea muy mal entendida por la clase política española, ya que cinco años después, cuando la crisis ya nos ha explotado en las narices, aún vemos como el Gobierno central aplica criterios de “austeridad” para las CC.AA. y la ciudadanía en general, mientras persiste en querer alimentarse con los ismos ingresos de antaño. De hecho ha suspendido las inversiones hacia las CC.AA., ero ha mantenido, e incluso aumentado, la maquinaria de derroche interior amparándose por ese escudo que supone la opacidad de las cuentas centrales.

No es de extrañar que el ciudadano perciba en esta actitud un deje de chulería por parte del Gobierno del PP. Y seguramente, más que una percepción, sea una cortina de humo que “mal disimula” maniobras susceptibles de ser juzgadas como corrupción. Sin embargo, la corrupción puede existir o no, pero de lo que no hay duda alguna, es de que los gastos de la administración central no se justifican y, en cambio, ese mismo gobierno declara a cada uno de los ciudadanos de este país como un ente sospechoso que debe justificar hasta el último miserable céntimo con las palmas de las manos abiertas y los bolsillos vueltos del revés.

Y todo esto mientras las grandes fortunas, los grandes ejecutivos, la banca, la iglesia... aquellos a quienes la ciudadanía, con bastante más objetividad que el gobierno y sus medios de comunicación afines, ya empezó a culpar de esta crisis desde mucho antes de que llegara; se marchan de rositas e incluso se financian a costa del esfuerzo, el sufrimiento y en ocasiones hasta la vida de esos mismos ciudadanos.

No ayuda tampoco ver como, políticos que han terminado su decepcionante paso por las administraciones, ingresan en la empresa privada para ocupar cargos, con jugosos sueldos, para los que no han hecho méritos y mientras cientos, miles de ciudadanos, incluso de esas mismas empresas, salen camino de las oficinas del INEM. Sobre todo cuando se adquiere conciencia de que esos mismos ex políticos ayudaron  a privatizar esas empresas, en lo que ya se considera un expolio, o beneficiaron a sus ejecutivos con viejas políticas poco claras.

Con todo este sarao, si el Gobierno no es culpable de corrupción, seguro que lo es de imbecilidad supina y, está claro que con la que está cayendo aún es peor. Que este gobierno complique el acceso a la justicia, cargue contra las demandas soberanistas de Catalunya y, sobre todo, intente criminalizar cada uno de los movimientos ciudadanos que le señalan, solo consigue avergonzarnos un poco más de está España que le ha dado al PP su patente de corso.