El preámbulo
de la Constitución dice:
La
Nación española, deseando establecer la justicia,
la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía,
proclama su voluntad de:
Garantizar
la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un
orden económico y social justo.
Consolidar
un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y
pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura
y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad
democrática avanzada,
y colaborar en el fortalecimiento de unas
relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la
Tierra.
En
consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente…
El preámbulo, si bien no especifica ningún precepto de ley, sí
que es muy importante, para esta como para otras constituciones, porque
establece la filosofía que explica cómo deben interpretarse todos los artículos
que conforman la Carta Magna.
Sorprende, pues, las interpretaciones que en demasiadas ocasiones se han dado de
nuestra Constitución, dando preferencia a mutables leyes orgánicas por encima
de esta filosofía, para dictaminar la constitucionalidad de cualquier ley,
principio o acción. Así mismo, el propio articulado de la Constitución, en
especial el añadido con posterioridad, no ha atendido a la virtud de estos
principios y, como en la última reforma, ni siquiera a los más elementales
valores democráticos.
Que estas acciones procedan de políticos, que en base a una
ideología o a un egoísmo personal, es algo asumible y nunca descartable, pero
cuando estos errores proceden de definitivas sentencias del Tribunal
Constitucional, el propio valor de esta Carta, como el de la supuesta democracia,
más que quedar en entredicho podemos decir que han asesinado su espíritu
esencial, dejando de ser la base rectora de la convivencia de nuestro país.
Pero para que nadie tenga dudas de lo que digo, vamos a
estudiar con más detalle los valores que todo político, juez, funcionario o
español debería promover y defender por precepto constitucional. Los valores esenciales
son cuatro: justicia, libertad,
seguridad y promover el bien de todos cuantos integran la Nación española.
Los tres primeros, aunque ambiguos en su definición, no ofrecen demasiadas
dudas en su significado, pero, ¿qué es “promover el bien de todos…”? De todas
formas el texto aclara que a continuación nos dirá cómo se hace eso:
-Las leyes se establecerán conforme a un orden económico y
social justo. Lo que es lo mismo que decir que las leyes no deben favorecer
actitudes de beneficio de unos españoles sobre otros y procurando evitar situaciones de indefensión
por estatus social o económico. Aunque esta afirmación también podría tener
muchas interpretaciones, es obvio que no ofrece lugar a dudas de que las
actuales acciones del gobierno del PP, cargando todos sus recortes y reformas
en contra de los sectores menos desfavorecidos de la población, son una clara
violación del espíritu de esta Constitución.
-Las leyes como expresión de la voluntad popular.
Generalmente el respaldo parlamentario a la aprobación de las leyes, en una
democracia real, sería respaldo suficiente para garantizar este punto. Sin
embargo, la actual ley electoral que no hace representativa a esta cámara,
otorgando mayorías absolutas a grupos políticos que no poseen el respaldo popular
suficiente convierte estas leyes en una burla a la democracia. Así mismo, el
uso de los decretos de ley es una clara violación del espíritu de la
Constitución.
- Proteger a todos los españoles y
pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y
tradiciones, lenguas e instituciones. Los últimos dictámenes de los
tribunales contra el uso prioritario de lenguas diferentes de la castellana, que
intentan proteger sus culturas, también supone una clara violación de esta
filosofía constitucional.
- Promover el progreso de la cultura y de
la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Los actuales
recortes en educación y el aumento de las tasas universitarias también
contradice claramente este espíritu de la Constitución.
- Establecer una sociedad democrática
avanzada. La ley electoral actual que hace nuestras cámaras de representantes
no sean nada representativas (valga la redundancia) es una clara violación de
este preámbulo.
- Fortalecimiento de unas relaciones
pacíficas. El uso que hacen algunos políticos, e incluso partidos enteros,
de ataques verbales y demagógicos contra unos pueblos para enemistarlos con
otros, para la obtención de beneficios electorales, debería estar penado por
ley, ya que transgrede este principio constitucional. No obstante, tener unos
líderes políticos con más testosterona de la necesaria, complica mucho que este
principio pueda ser una realidad, así que debería afinarse un poco más.
Con todo esto, sin entrar en un estudio
profundo de nuestra Constitución, quiero poner en relevancia que cuando
determinados políticos que todos conocemos agitan la letra de nuestra Carta
Magna con los fines que a ellos les viene en gana, no merecen ningún respeto,
pues en ese mismo ejercicio ya están violando el espíritu más elemental de esta
Constitución. No es de extrañar, pues, que hoy veamos como los más
constitucionalistas aquellos que en su día más trabas pusieron a su aplicación.
No es que hayan cambiado las personas, es que le han robado su espíritu a las
letras de la Constitución. Y crean que en esto han tenido más culpa la insensible
interpretación de la letra por parte de los tribunales (en especial el TC) que la
maledicencia de esos políticos aprovechados.
Imagen tomada de www.iescavaleri.com
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