martes, 15 de octubre de 2013

Opacidad presupuestaria

                                            OPACIDAD PRESUPUESTARIA



La falta de transparencia de las administraciones es un lastre que nos impide salir de la crisis. No porque sea la causa de nuestro problema (que indirectamente sí lo es), sino porque nos impide evaluar la profundidad del mismo y anticipar que efectos tendrían la aplicación de según qué medidas.
Europa lleva muchos años demandándonos esa necesaria trasparencia y nuestros sucesivos gobiernos les prometen que sí mientras hacen juegos malabares para lograr que todo siga igual. Y entre tanto, la ciudadanía pagamos las consecuencias de tan meditada desidia.
El bipartidismo funcional del Estado, tal y como ocurrió en tiempos de los Liberales de Sagasta y los Conservadores de Del Castillo, es una fuente de corruptelas que maniatan a las administraciones. Bajo estas premisas es fácil pensar que el aligeramiento administrativo de las estructuras del Estado, a base de suprimir funcionarios, puede ser la solución, pero en realidad es una puerta abierta a una corrupción mayor.
La supresión de puestos funcionariales supone la ocupación de los puestos por asesores y cargos a dedo de los propios partidos políticos que se alternan en el poder. De este modo se genera una politización partidista de las administraciones que entonces, no solo anquilosa el sistema, sino que termina desviando fondos casi sin pretenderlo, de las rutas necesarias a las más funcionales para los partidos que en cada momento ostentan el poder.
No es raro, pues, ver que en Europa, por lo general, son los países acusados de mayor corrupción, los que tienen los porcentajes de funcionarios, respecto a la población, más bajos.
Austria podría ser la excepción al tener un funcionario por cada 17,1 habitantes, pero a continuación están Italia cada 16,57, Portugal 16,41, Chipre 15,50 y España 15,02. Nuevamente Alemania, con 13,66, sería una excepción relacionable con la tradición de austeridad germánica.
Por otro lado, son los países más comprometidos contra las prácticas corruptas y, en general, con un mayor nivel de vida, los que poseen más funcionarios. Así tenemos a Dinamarca con un funcionario cada 5,82 ciudadanos, Suecia 7,22 y Finlandia 7,98. Sin embargo, mantendremos en observación los países que siguen a continuación (las tres repúblicas bálticas), hasta que poseamos más datos.
Es de suponer que el número de funcionarios, no es algo decisivo, sin embargo es algo a tener muy en cuenta. Y en el caso de España tendremos que relacionarlo con el exceso de cargos políticos no electos, asesores y, en general, empleados de las administraciones que no son funcionarios y son puestos a dedo.
Otro de los detalles que enervan hasta la saciedad en está inercia de opacidad política, es la opacidad en la elaboración de presupuestos. Por lo general se elaboran unos inmensos libros de datos, pero de los que es imposible extraer los flujos económicos, quedando sin definir los orígenes y, al final, incumpliendo los destinos porque las cifras terminan por no coincidir.
Lo primero que habría que preguntarse es por qué se terminan aprobando siempre estos presupuestos en sedes parlamentarias, y la respuesta es sencilla... demasiado sencilla: los presupuestos son aprobados por una mayoría parlamentaria que negocia en base a unos puntos determinados de esos presupuestos, pero sin entrar en el cuerpo económico de los mismos que es idéntico desde hace décadas por mucho que el país haya cambiado. Así, pues, siempre nos quedará la duda de a dónde va realmente todo ese dinero que constituye el grueso presupuestario.
Sin embargo, después, esos mismos presupuestos, terminan pormenorizando hasta los céntimos de los nuevos terrenos a los que realmente tienen que dar respuesta, y es así como se construye la exagerada profusión de apartados que convierte a estos presupuestos en una obra enciclopédica.
¿Nunca nadie ha pensado en hacer una división presupuestaria convirtiendo cada departamento, cada ayuntamiento, cada autonomía, en un conjunto de entradas y salidas imbricadas las unas en las otras, de forma que pudieran verse las cifras no coincidentes? Claro que no. Eso supondría tener que cambiar un manual de estilo que hoy hace que los presupuestos se escriban solos sin tener que justificar realmente el cuerpo central de los mismos.
Nosotros en nuestros hogares conocemos hasta el último céntimo que entra y que sale, y crean que hacer lo mismo en las administraciones no sería muy difícil, solo costaría trabajo. El trabajo de unos funcionarios de carrera a cargo de los cuales ningún partido en el poder quiere dejarlos. Sumen ustedes mismos dos y dos... y que conste que no hablamos de dinero.
El último eslabón de esta cadena oxidada es el Tribunal de Cuentas del Estado que, según creo, está analizando en estos momentos las cuentas de hace siete años. Realmente un tribunal inútil, dado que cualquier delito importante relacionado con las cuentas del Estado, prescribe a los cuatro años. De todas formas dará igual porque ellos mismos son incapaces de deshacer el nudo gordiano que hay en el interior de esos presupuestos y, por tanto, también en los resultados contables posteriores. Para más INRI, este inservible tribunal de cuentas tiene una enorme asignación de recursos financieros dentro de esos mismos presupuestos... ¿Creen de verdad que entre bomberos van a pisarse la manguera?
Así pues, de los valores contables ofrecidos por el Estado no podremos fiarnos nunca. De ellos solo podremos saber unas pocas cosas. Sabremos el dinero que los quitan y que nunca es el que ellos dicen, si no el que a nosotros realmente nos duele al salir de nuestros bolsillos. También podremos conocer el que vamos a recibir y que siempre es inferior al presupuestado. Y finalmente, podremos tener la seguridad de que en ese enorme agujero negro que es la administración central, se ha perdido gran parte de lo que tantos esfuerzos nos costó, pero que realmente no será de provecho para nada útil.
Y este es el drama de la falta de trasparencia. Pero el drama de esta realidad es que, aunque sea a menor escala, esta misma tradición se está trasladando hacia el resto de administraciones y empezando por un ente no menos absurdo y anacrónico como el de las diputaciones provinciales.
No sé si algún día saldremos de esta crisis, pero la trasparencia sería un paso muy importante para lograrlo.
Entre tanto, para cualquier tema, toda afirmación en un sentido u otro es indemostrable si entra en juego el tema económico. Incluido el de la Independencia de Catalunya. Con las actuales informaciones económicas es imposible que nadie establezca planes de viabilidad o de inviabilidad... pero lo peor es que, en caso de que Catalunya optara por no independizarse existe exactamente la misma información para confirmar si eso es viable o inviable. Y el que pretenda hacer afirmaciones rotundas, en un sentido u otro, miente. Así que, en último lugar, a los catalanes (como al resto de españoles) solo les queda hacer lo que les dicte su corazón.
               


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