Justicia: minuto y resultado

Entre 1997 y 1999 tuvo lugar un juicio donde un juez de Lérida exoneró a un violador porque la victima llevaba una minifalda que permitía verle las bragas. La repulsa social no se hizo esperar, pero la sentencia que dejaba libre al violador ya era firme y con el actual código penal ya no se pudo hacer nada. La segunda parte ya no sé si es producto de la fantasía ciudadana a la que le encanta la justicia divina o contiene algo de verdad. La cuestión es que se dice que, un par de años más tarde, ese mismo violador violó a una sobrina, de 12 años, de ese juez.

Por lo general, eso de la justicia divina no existe, de todas formas yo no veo la divinidad por ninguna parte. Podría entenderlo si hubiese violado al propio juez, pero una inocente niña de 12 años no creo que sea el justo castigo para un juez machista hasta límites dañinos.

Todo esto viene a cuenta de poder ilustrar lo que piensa una parte de nuestra sociedad, que sin ser importante en número, si lo es respecto a los cargos que ostenta. Que personas perniciosamente machistas, o arcaicamente mediatizadas por idearios psudoreligiosos, como el del Opus Dei,  ocupen cargos de importancia en nuestra sociedad, es muy peligroso.

Las principales protestas contra este juez se preguntaban si por el hecho de que una mujer fuese vestida de forma muy provocativa o incluso desnuda por la calle, ya daba derecho a cualquiera para violarla, porque en la ley no aparecía ese punto por ningún sitio. Estaba claro que aquel juez se había saltado la legalidad a la torera, pero es que además se había vengado, con aquella sentencia, de todo el sexo femenino, por vaya usted a saber qué.

Y quien habla de la inquina de este juez, igualmente puede hacerlo de la arbitrariedad sectaria del actual ministro de justicia y su absolutamente medieval reforma de la ley del aborto.

Reza la Constitución española en su preámbulo que la Nación Española tiene la voluntad de “Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular”, pero no parece que la voluntad popular apruebe un ideario legal que se aproxime siquiera al creado por el PP en los últimos tiempos, pero mucho menos esa reforma del ministro Gallardón. Si aún existen dudas sobre esa realidad, solo hay que consultar las expresiones de las Redes Sociales o las que la ciudadanía ha llevado a la calle desde el primer momento en que se formuló esa aberración propia de la secta religiosa del Opus Dei.

Pero si el mismo preámbulo de la constitución ya deja en fuera de juego esta y otras leyes del gobierno del PP, cómo es posible que el TC no actúe contra ellas.

El problema básico de este país es que tenemos una Constitución que se interpreta literalmente cuando les conviene a un grupo de personas que se han parapetado tras las puertas del Tribunal Constitucional y se obvia cuando ese mismo grupo no está interesado. De este modo, la secta proselitista del Opus Dei, ha colocado a sus miembros en lugares de poder y ejerce este con total despotismo, lo que convierte, a final de cuentas, a la Constitución, en un papel mojado, y al Estado en un mal simulacro de democracia. Así, pues, por culpa de este sectarismo, la Constitución pierde su valor legal y, por extensión todas las figuras y letras jurídicas del Estado. De este modo, la aplicación de toda ley, en lugar de por imperativo legal, se está aplicando por imperativo de la ley, pasando la afirmación constitucional sobre la creación de un estado bajo el imperio de la ley a estar bajo un imperio de la fuerza bruta o policial.

El proselitismo, la corrupción y las interferencias entre poderes, terminan dando como resultado la supresión real de la democracia y de su espíritu, pero dejando, a un tiempo, al Estado como carente de toda legitimidad.

En base a estos principios, dentro de un estado marcadamente plurinacional, cualquiera de las naciones sometidas a ese engaño, tiene la total legitimidad para emprender las acciones que considere necesarias para separar su camino del de ese otro Estado Fallido.