¿Qué es la democracia?

 

La democracia es, por definición, el gobierno del pueblo. Y, por muchas vueltas que le queramos dar, esto es algo muy concreto. Ya sé que desde la invención del término, en la Grecia clásica, se ha venido teorizando sobre ello. Los mismos filósofos Platón y Aristóteles trabajaron ese término político, a mi modo de ver, para devaluarlo.

Todavía en nuestros días hacemos clasificaciones de democracias o sistemas democráticos como si eso fuse posible, cuando en realidad nos están hablando de grados de acercamiento a una verdadera democracia. Lo que me llega a preguntarme si existe realmente alguna democracia auténtica. Términos como democracia indirecta o representativa, democracia participativa, democracia directa, democracia líquida, democracia continua, o el más divertido, inventado por Franco para ocultar su régimen criminal: democracia orgánica; todos estos términos que incluyen la palabra democracia, solo nos ocultan que el pueblo, o una parte de él, son privados de su derecho a verse verdaderamente representados en las decisiones políticas que son de su interés.

Pero, si aceptáis esta versión, supongo que os surge la sana duda de pensar que, tal vez, no exista una forma real de implementar una verdadera democracia.

NOTA:  Antes de seguir hay que dejar claro que, aunque República y Democracia no son sinónimos, las mal llamadas Repúblicas que no vienen avaladas por un sistema que pretende ser democrático, no pueden ser llamadas auténticas repúblicas, ya que el término de origen latino  también indica que debe ser del pueblo (res publica: lo público). Por otro lado, una democracia que no venga amparada por un sistema en que su jefe de Estado no sea de elección popular, ya posee una carencia básica en lo que respecta a su definición como tal. Así pues, República y Democracia deben ser, por definición, términos inseparables. De todas formas, aunque un sistema de gobierno venga amparado por estas dos palabras, aún tendrá que cumplir muchos más preceptos para ser el verdadero gobierno del pueblo.

Como yo también comparto las dudas que os he inducido, vamos a buscar las fórmulas que nos puedan permitir crear un gobierno del pueblo lo más fiable posible.

Lo que está claro es que un sistema democrático deberá ser plebiscitario, es decir, que en él se consulte lo más trascendental al pueblo y de la forma más directa posible, que es el voto directo y “universal”.

Pongo entre comillas el término universal porque de su definición, que no es tan inocente como pueda parecer, también van a aparecer gradaciones democráticas.

Lo esencial para cualquier democracia es que cada uno de los individuos se sienta escuchado y representado. Pero todos somos conscientes de que, cuanto más grande sea el grupo poblacional y el territorio a abarcar por una democracia, menos representativa y lejana a los individuos será esta. Por tanto una verdadera democracia deberá separar muy bien los asuntos globales de los locales, y saber dar la responsabilidad decisoria a los afectados sin injerencias de aquellos a los que el problema no les incumba en sentido alguno. Así pues es necesario que un sistema democrático se adapte a la afectación territorial del problema, por ello debe existir un gobierno de proximidad y otro, u otros, más generalistas para ser más representativos. Para ello es muy importante que cuanto más generalista sea el gobierno, menos temas trate y más territorio abarque. Y cuanto más local, más temas trate y más cercano a los individuos sea. Un error clásico de sistemas que se hacen llamar democráticos, es que el control total del dinero esté en el gobierno más generalista, acumulando demasiado dinero, poco conocimiento de los ciudadanos, a los que representa muy mal y manteniendo bajo su control demasiados temas que deberían ser controlados en proximidad, por lo que se realiza una ineficaz administración. Claro que, si un sistema centralizado es malísimo, caer en el anarquismo por diluir en exceso la autoridad de las administraciones públicas tampoco es bueno. Las administraciones deben estar bien definidas, pero evitando que aquello que atañe en local sea administrado desde la distancia. Los ciudadanos deben poder controlar sus administraciones correctamente.

Por esto, y por muchas cosas más, algunas de las cuales veremos más adelante, no se puede aceptar como democrático un sistema en el que se vote. De hecho estoy harto de escuchar esa perversa falacia de la boca de personas que no quieren saber nada con una verdadera democracia o, simplemente, son unos ignorantes irracionales ¡No! ¡Votar no es igual a democrático! Como mucho, votar, si es que se hace medianamente bien, implica el término “plebiscitario” (por si antes no había quedado entendido). Porque es cierto que en toda democracia se vota, pero no es el voto el que hace la democracia, sino el valor y representatividad de ese voto.

Una cosa que tenemos que tener muy clara es que cuando hablamos de democracia estamos hablando de una forma de poder… Y esta palabra, “poder”, puede cambiarlo todo.

En realidad estamos usando “poder” como “gobierno” y esto, por desgracia, tampoco es cierto.

En cualquier supuesta democracia existen dos poderes electos: el ejecutivo y el legislativo; y un tercer poder que también debería ser electo y, en realidad, en el mejor de los casos, es representativo: el poder judicial. En torno a los valores democráticos de estos tres poderes se ha hablado mucho y lo único que sacamos en claro es que estos poderes deben quedar bien separados y diferenciados para poder hablar de democracia. La cuestión, como no, es la de evitar el abuso de poder. Pero como vamos a ver, esta separación acostumbra a estar bastante pervertida, empezando por los poderes legislativo y ejecutivo.

Por ejemplo, en el estado español, en las elecciones generales votamos a los miembros del parlamento (el poder legislativo), pero al mismo tiempo, en función de los diputados obtenidos, los partidos políticos negociarán hasta obtener un gobierno representativo (poder ejecutivo). Por los pelos aceptaremos que ese gobierno ha salido de nuestros votos porque la negociación se hace en base al resultado de las elecciones para el legislativo (las Cortes o el Parlamento, como nos guste más llamarlo).

Hasta aquí podemos aceptar la bondad democrática de estos dos poderes, pero, desgraciadamente, en momentos de necesidad, el gobierno puede aprobar toda una serie de leyes sin pasar por el Parlamento, los llamados decretos ley o, coloquialmente, “decretazos”.

Entiendo que los estados pueden tener emergencias que obliguen a la aprobación de una ley sin cumplir el esencial precepto democrático del parlamentarismo, lo que me cuesta entender es que esa ley no tenga una fecha en corto de caducidad y que su renovación no implique pasar por el Parlamento o por una validación de un referéndum, que es mucho más democrático.

Y es que en una democracia donde legislativo y ejecutivo pueden generar alguna duda sobre su independencia, lo único que podría evitar esa pérdida de valores democráticos sería una continuada rueda de referéndums vinculantes sobre los temas más importantes y sin ningún tipo de restricciones más allá de los territorios de interés.

En un estado presidencialista, como EE.UU., el ejecutivo es votado separadamente del legislativo. En cambio en Francia, a pesar de ser presidencialista su Presidente es el Jefe de Estado y posee muchos poderes ejecutivos, pero también existe un gobierno salido de las elecciones del legislativo. Con todo, en ambos casos puede darse la contradicción de que un partido domine las elecciones legislativas y otro las presidenciales obligando a negociaciones muy beligerantes en la construcción del poder del estado durante el tiempo en que se da esa contradicción ¿Es eso democrático? Personalmente creo que no entra en contradicción con lo que debe ser una democracia, pero si un incordio para todos. Claro que, a lo mejor, la democracia se basa en eso, en que el poder tenga que actuar con muchas limitaciones para que el pueblo pueda ser el verdadero guía de ese estado.

Otra cosa más problemática es el poder judicial. Y es que los jueces, individualmente, ya ostentan poder, pero estos acceden a la carrera judicial mediante un examen y, en principio, nadie los elige. Claro que quienes conceden los aprobados y asignan las plazas, están haciendo una elección donde el pueblo no pinta nada. Sin embargo podemos imaginar a estos jueces como meros funcionarios. El problema llega cuando se han de elegir los miembros de los altos tribunales y la cúpula del poder judicial que es quien elabora la plantilla de muchos de estos tribunales, especialmente el Tribunal Supremo. En cuanto a este “poder judicial”, el “Tribunal de Cuentas” y  el “Tribunal Constitucional”, son elegidos representativamente por el poder legislativo, con el agravante de que están muy mal definidas las fórmulas y se admite que, jueces cuyo mandato caducó, sigan en el puesto. Si a esto añadimos que un partido político con cierta representatividad, aún en la oposición, puede generar un bloqueo, por cuestiones ideológicas o de beneficio personal de sus miembros, para que la renovación no se produzca, ya tenemos una total falta de representación popular en el poder judicial y, por tanto, no es un poder democrático. Es más, en la actualidad se está dando el caso de que los altos tribunales están plagados de una mayoría de jueces con una ideología muy alejada de lo que tendría que ser una representación popular, y no solo eso, sino que ejercen la justicia mediante una continuada interpretación de las leyes al límite y de forma no ecuánime, beneficiando esa ideología y a quienes la profesan, y en contra de quienes se alejan ideológicamente. Esto, en un sistema judicial no pervertido, constituiría múltiples delitos de prevaricación. Sin embargo, aquí, a base de quedar impunes estos malos jueces, se ha creado un bandolerismo judicial que se atreve con todo, incluso a ejercer un marcado intrusismo dentro de los campos que son propiedad del legislativo y, especialmente, el ejecutivo. Así el poder judicial, que es el menos democrático de todos, ha secuestrado al resto de poderes, eso sí, con el beneplácito de partidos políticos que tampoco respetan los valores democráticos.

Pero imaginemos un país donde los jueces son buenos y justos, el gobierno no formula decretos y, cuando lo hace, antes de un año lleva esos decretos a un referéndum popular. Si ese país fuese España, aún le faltarían muchas cosas para poder ser una democracia plena.

En primer lugar existen más poderes que los tres mencionados, pero cuyos mecanismos funcionan a través de ellos. Vamos a conocer los más importantes:

-La Prensa: Toda democracia debe poseer una prensa libre, no dogmática y no controlada por ningún poder económico. Además, esa prensa debe ser capaz de subsistir sin la necesidad de ningún tipo de subvención. Está claro y demostrado que en nuestro país no es así y encima ejerce una gran presión para manipular a la opinión pública.

-Los Poderes económicos: en esencia son las grandes empresas, la banca, las organizaciones empresariales, las empresas energéticas y, aunque parezca una contradicción, los sindicatos. Todos estos “señores” intentan influir en los poderes legislativo y ejecutivo. De hecho, la banca, tiene a los partidos políticos más importantes en deuda económica con ellos. Es más, PP y PSOE jamás podrán pagar esa deuda, así que no es de extrañar que, a menudo, las solicitudes de la banca sean escuchadas, sí o sí.

-Los lobby’s: uno pensaría que son los mismos señores del punto anterior, y en parte así es, pero aquí hablamos de grupos más concretos como el sector de la tauromaquia, el sector de la electricidad, el sector de las telecomunicaciones, los amigos de la marihuana, grupos a favor y en contra del Cambio Climático, los veganos… o grupos mayoritariamente extranjeros como las farmacéuticas, las petroleras, los transgenetistas, las tabacaleras…

-La Iglesia: desgraciadamente, en nuestro país determinados grupos ligados a la iglesia católica acostumbran a sobrepasar todas las líneas rojas, habidas y por haber, y en casi todo momento. De hecho, la existencia de un antidemocrático concordato con este grupo de poder, nos ha llevado, tradicionalmente, a niveles de corrupción totalmente insostenibles, a la par que imposibilitan el natural ejercicio de la democracia más elemental. Es más, son muchos los curillas que se atreven a hacer auténticos mítines políticos desde sus púlpitos para favorecer a determinados partidos (tradicionalmente los menos democráticos). Y esto ignorando que su sueldo sale de las arcas del Estado y, por tanto, del bolsillo de todos los ciudadanos, sean creyentes o no.

-El Ejército: en otros países este es un cuerpo al servicio del estado, pero en el nuestro, dada su extraña alianza con la anterior dictadura y la nula actividad renovadora de más de 40 años de supuesta democracia; siguen escuchándose voces amenazantes provenientes de coroneles y generales que intentan sofocar cualquier conato de auténtica y honesta democracia.

-Policía: para qué voy a hablar de la policía, si no has oído bastante de ella tampoco habrás leído nada de lo que he escrito antes de este punto y por lo tanto no importa.

Después de todos estos grupos de poder, hay un segundo punto trascendental para no considerar a España como una democracia y es su sistema electoral. Por un lado el sistema electoral es muy poco representativo ya que hay provincias donde un escaño necesita de muy pocos votos y en otras, generalmente las más populosas, donde su precio en votos es muy elevado. Uno pensaría que esto sirve para representar mejor a las minorías, pero por desgracia esto no es cierto y, en parte, el culpable es el sistema de contaje y reparto de la Ley Electoral donde, a través de la regla o sistema d’Hondt, se premia a los partidos más votados y se castiga a los menos votados con el fin de “hacer más gobernable el país” por encima de una correcta representatividad y la supuesta protección de las minorías.

Este último punto tendría una fácil solución, aunque algo relativa, para el estado español. La solución pasaría, primero por dar más atribuciones y dinero a los ayuntamientos y CC.AA., y por otro eliminar diputaciones provinciales, delegaciones del gobierno y el Senado. Esto reduciría enormemente el número de cargos políticos en pos de una más correcta vertebración del estado y además permitiría asumir una ampliación del Parlamento para hacer que todas las provincias tengan el mismo valor de los votos de cara a obtener representantes. El valor de votos por diputado tendría que establecerse de antemano, sumándose los remanentes nacionales por partido para la obtención de diputados adicionales, asignados por el propio partido y dejándose como escaños vacios y sin pagarse, por aquellos que la abstención así lo ha decidido. De este modo ya no se beneficiarán más económicamente determinados partidos que han hecho campañas decididas a provocar desafección por la política ¿Cuántas veces no se ha beneficiado política y económicamente el PP de esta estrategia? De hecho, entre 2004 y 2018 pudo haber desparecido hasta en cuatro ocasiones de no ser por la abstención en determinadas provincias que le dieron los escaños suficientes para pagar, vía subvenciones, los intereses de sus préstamos (no entraremos en los hipotéticos chanchullos económicos).

Otra cosa que ha manifestado un concepto erróneo de democracia es la constitución de los sindicatos de trabajadores. Sí, esos que antes hemos tratado como un poder económico. Y es que la fuerza laboral es un importante y necesario activo para las empresas y, por tanto una fuerza económica no exenta de poder. Pero en el actual sistema los sindicatos no son totalmente una representación de los trabajadores. La primara razón es que los sindicatos más importantes siempre han estado ligados a partidos políticos en mayor o menor medida. De hecho la CNT, a principios del régimen del 78, fue atacada hasta su no legalización, precisamente por no acercarse a ninguna de las fuerzas políticas que aceptaron la renuncia de los trabajadores a sus derechos por los crímenes del franquismo. Bueno, como ya os habrán contado, la cuestión es más complicada y entrar en ella no nos ayuda en nada para lo que trato de explicar.

Los actuales sindicatos se mantienen a través de las subvenciones estatales, basadas en la representatividad de estos en las empresas donde se llevan a cabo elecciones sindicales; y por las cuotas de afiliación que pagan muchos trabajadores. En general, vemos que los sindicatos suelen tener más fuerza cuanto más grandes son las empresas, pero también es bien visible que los sindicatos victoriosos son, casi siempre, UGT y CC.OO. a pesar de que los trabajadores, en la gran mayoría de los casos, otorgan un rotundo suspenso a su actividad. Tenemos sindicatos, sería aterrador que no los hubiera, especialmente en un país donde los directivos acostumbran a basar sus triunfos en pisotear a los trabajadores.

El cambio que yo propongo es más sicológico, pero creo que sería efectivo. La idea se basa en que cualquier persona o entidad se debe a sus clientes y estos son, inapelablemente, aquellos que le pagan. Uno debe su trabajo a quien le paga por él, pero resulta que el dinero llega a los sindicatos, por un lado de las administraciones públicas y por el otro de las cuotas de los afiliados. El drama es que la gran mayoría de trabajadores paga sus cuotas sindicales a través de un descuento en la nómina, con lo que el dinero llega a los sindicatos a través de las empresas y estas pueden llevar un perfecto control de a qué sindicato está afiliado cada trabajador, lo que además puede suponer un atentado a sus libertades en caso de mala fe por parte de dicha empresa (algo nada descartable si somos correctamente suspicaces).

Mi propuesta es que los trabajadores paguen la cuota completa directamente al sindicato, sin intermediarios y sin que la empresa tenga que tener constancia de ello, pero sí el Estado que devolverá hasta el último céntimo al trabajador. A cambio, el estado obligará a todos los trabajadores, incluidos los directivos de empresas, a estar afiliados a algún sindicato. En las empresas que, por su tamaño, se realicen elecciones sindicales, estas seguirán dándose y los trabajadores podrán votar a un sindicato diferente del que estén afiliados. También se obligará, a aquellos delegados sindicales que por convenio han obtenido el derecho a cambiar todas sus horas de trabajo por horas sindicales, a una productividad administrativa en sus labores sindicales, forzando a los sindicatos a que los delegados sindicales, que estén en esta situación, sean los más efectivos en sus tareas sindicales. De este modo también se evitarían muchas suspicacias consiguiendo una mayor confianza de los trabajadores hacia los sindicatos.

Otro lamentable asunto que merma la democracia de nuestro país son las actividades de policías, fiscalía y jueces de instrucción. Dado que en todas esas instituciones existen buenos elementos, por muchos malos que existan realmente, bien poco se puede hacer estructuralmente si antes no cambian el resto de estructuras del estado. De todas formas, hasta que la mayoría de irregularidades que se dan en estos cuerpos no estén solucionadas, hablar de democracia en España solo sirve para contar chistes agrios (no confundir con ácidos).

Ya hemos hablado de la monarquía y de la república, y si es obvio que una monarquía jamás será democrática, añadir que un presidente estatal, en lugar de una Casa Real, supondría cientos de millones de ahorro para el estado.

Uno de los más agrios temas de España es el de las CC.AA. Los partidos antidemocráticos siempre nos hablan de las duplicidades que esto supone. Claro que lo que ellos ocultan es que estas duplicidades se dan porque el estado central sigue controlando temas que no deberían ser de su competencia. Su idea es mantener un excesivo cuerpo funcionarial en Madrid y un flujo hacia la capital de dinero que debería quedarse en Ayuntamientos y CC.AA. Recordemos que es más fácil echar mano a la caja cuando esta está más llena que cuando está vacía. Solo hace falta ver como hemos visto un PP que lleva toda la vida escondiendo extrañas maniobras financieras y que ha sido en plena crisis, con las vacas flacas y las arcas vacías, cuando se ha echado cuenta de esas extrañas maniobras (véase mi habilidad para no utilizar la palabra robar que tantas ampollas levanta).

NOTA: Cuando alguien te diga que “todos roban” o que “todos los políticos son malos”, debes saber que, o bien estás delante de un manipulador que pretende generar desafección política o de un tonto que se ha dejado manipular y pretende compartir su carencia de sabiduría sobre aquello que debería importarle y mucho. En cualquier caso evidenciar que si alguien dice que “todos roban” hay que aclararle que está afirmando que él mismo es un ladrón, pero que te ofende porque tú no robas. En cuanto a lo de que “todos los políticos roban” aclararle que todos somos políticos, le guste o no, eso sí, unos más ignorantes que otros. Si no queremos que la política nos moleste tanto, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por saber más sobre todo lo que nos afecta y, sobre todo, que trabas podemos encontrar. Esta parte de las trabas es lo que muchos inconsecuentes no quieren ver y por ello son víctimas propiciatorias del populismo.

El pueblo debe estar educado, en especial en temas de política y administraciones públicas. Recuerdo que en tiempos de Zapatero se trató de poner en marcha la asignatura “educación para la ciudadanía y los DD.HH.”. Aquel era un buen comienzo, pero que fue muy poco entendido. Aunque lo que este estado necesita es un conocimiento real para toda la ciudadanía y, sobre todo, que esta tenga empatía suficiente para aceptar todas las diferencias y no solo las que se le publicitan (siento si no se entiende lo que quiero decir con esto, pero aún preparo un texto sobre el tema y estoy encontrando muchos problemas para superar los enormes tabús que hay a su alrededor).

Arreglando todo esto, España tendría una oportunidad para ser una democracia, eso sí, después de haber aceptado la creación de una ley de autodeterminación.

Finalmente recordar que si bien la democracia perfecta es una utopía, siempre podemos aproximarnos tanto como para que la sensación de todos los ciudadanos de un estado sea la de ser tenidos en cuenta y ser respetados dentro de él, y no que solo se sientan bien los cuatro que se acostumbran a beneficiar de los demás sin quererlo reconocer. Para ello la división en CC.AA., si se hubiera hecho bien, otorgando a estas todas las competencias debidas, hubiera sido un gran avance en democracia, igual que lo sería un estado federal, pero la máxima democracia nos orientaría hacia un estado confederal al estilo de Suiza.

Así que no, la democracia no se basa simplemente en votar, sino en el principio de que todos somos iguales de verdad, sin “orwellismos granjarios”, con derechos y deberes, sin engaños, con toda la información al alcance, respetando a individuos y minorías, y acercando las instituciones a todos los individuos. Que se dejen de monsergas patrioteros, ventajistas, populistas, proselitistas y hartos de prebendas, la democracia es otra cosa.