La falta de transparencia
de las administraciones es un lastre que nos impide salir de la crisis. No
porque sea la causa de nuestro problema (que indirectamente sí lo es), sino
porque nos impide evaluar la profundidad del mismo y anticipar que efectos
tendrían la aplicación de según qué medidas.
Europa lleva muchos años demandándonos
esa necesaria trasparencia y nuestros sucesivos gobiernos les prometen que sí
mientras hacen juegos malabares para lograr que todo siga igual. Y entre tanto,
la ciudadanía pagamos las consecuencias de tan meditada desidia.
El bipartidismo funcional
del Estado, tal y como ocurrió en tiempos de los Liberales de Sagasta y los
Conservadores de Del Castillo, es una fuente de corruptelas que maniatan a las
administraciones. Bajo estas premisas es fácil pensar que el aligeramiento
administrativo de las estructuras del Estado, a base de suprimir funcionarios,
puede ser la solución, pero en realidad es una puerta abierta a una corrupción
mayor.
La supresión de puestos
funcionariales supone la ocupación de los puestos por asesores y cargos a dedo
de los propios partidos políticos que se alternan en el poder. De este modo se
genera una politización partidista de las administraciones que entonces, no
solo anquilosa el sistema, sino que termina desviando fondos casi sin
pretenderlo, de las rutas necesarias a las más funcionales para los partidos
que en cada momento ostentan el poder.
No es raro, pues, ver que
en Europa, por lo general, son los países acusados de mayor corrupción, los que
tienen los porcentajes de funcionarios, respecto a la población, más bajos.
Austria podría ser la
excepción al tener un funcionario por cada 17,1 habitantes, pero a continuación
están Italia cada 16,57, Portugal 16,41, Chipre 15,50 y España 15,02. Nuevamente
Alemania, con 13,66, sería una excepción relacionable con la tradición de
austeridad germánica.
Por otro lado, son los países
más comprometidos contra las prácticas corruptas y, en general, con un mayor
nivel de vida, los que poseen más funcionarios. Así tenemos a Dinamarca con un
funcionario cada 5,82 ciudadanos, Suecia 7,22 y Finlandia 7,98. Sin embargo,
mantendremos en observación los países que siguen a continuación (las tres repúblicas
bálticas), hasta que poseamos más datos.
Es de suponer que el número
de funcionarios, no es algo decisivo, sin embargo es algo a tener muy en
cuenta. Y en el caso de España tendremos que relacionarlo con el exceso de
cargos políticos no electos, asesores y, en general, empleados de las
administraciones que no son funcionarios y son puestos a dedo.
Otro de los detalles que
enervan hasta la saciedad en está inercia de opacidad política, es la opacidad
en la elaboración de presupuestos. Por lo general se elaboran unos inmensos
libros de datos, pero de los que es imposible extraer los flujos económicos,
quedando sin definir los orígenes y, al final, incumpliendo los destinos porque
las cifras terminan por no coincidir.
Lo primero que habría que
preguntarse es por qué se terminan aprobando siempre estos presupuestos en
sedes parlamentarias, y la respuesta es sencilla... demasiado sencilla: los
presupuestos son aprobados por una mayoría parlamentaria que negocia en base a
unos puntos determinados de esos presupuestos, pero sin entrar en el cuerpo
económico de los mismos que es idéntico desde hace décadas por mucho que el país
haya cambiado. Así, pues, siempre nos quedará la duda de a dónde va realmente
todo ese dinero que constituye el grueso presupuestario.
Sin embargo, después,
esos mismos presupuestos, terminan pormenorizando hasta los céntimos de los
nuevos terrenos a los que realmente tienen que dar respuesta, y es así como se
construye la exagerada profusión de apartados que convierte a estos
presupuestos en una obra enciclopédica.
¿Nunca nadie ha pensado
en hacer una división presupuestaria convirtiendo cada departamento, cada
ayuntamiento, cada autonomía, en un conjunto de entradas y salidas imbricadas
las unas en las otras, de forma que pudieran verse las cifras no coincidentes? Claro
que no. Eso supondría tener que cambiar un manual de estilo que hoy hace que
los presupuestos se escriban solos sin tener que justificar realmente el cuerpo
central de los mismos.
Nosotros en nuestros
hogares conocemos hasta el último céntimo que entra y que sale, y crean que
hacer lo mismo en las administraciones no sería muy difícil, solo costaría
trabajo. El trabajo de unos funcionarios de carrera a cargo de los cuales ningún
partido en el poder quiere dejarlos. Sumen ustedes mismos dos y dos... y que
conste que no hablamos de dinero.
El último eslabón de esta
cadena oxidada es el Tribunal de Cuentas del Estado que, según creo, está
analizando en estos momentos las cuentas de hace siete años. Realmente un
tribunal inútil, dado que cualquier delito importante relacionado con las
cuentas del Estado, prescribe a los cuatro años. De todas formas dará igual
porque ellos mismos son incapaces de deshacer el nudo gordiano que hay en el
interior de esos presupuestos y, por tanto, también en los resultados contables
posteriores. Para más INRI, este inservible tribunal de cuentas tiene una
enorme asignación de recursos financieros dentro de esos mismos presupuestos...
¿Creen de verdad que entre bomberos van a pisarse la manguera?
Así pues, de los valores
contables ofrecidos por el Estado no podremos fiarnos nunca. De ellos solo
podremos saber unas pocas cosas. Sabremos el dinero que los quitan y que nunca
es el que ellos dicen, si no el que a nosotros realmente nos duele al salir de
nuestros bolsillos. También podremos conocer el que vamos a recibir y que siempre
es inferior al presupuestado. Y finalmente, podremos tener la seguridad de que
en ese enorme agujero negro que es la administración central, se ha perdido
gran parte de lo que tantos esfuerzos nos costó, pero que realmente no será de
provecho para nada útil.
Y este es el drama de la
falta de trasparencia. Pero el drama de esta realidad es que, aunque sea a
menor escala, esta misma tradición se está trasladando hacia el resto de
administraciones y empezando por un ente no menos absurdo y anacrónico como el
de las diputaciones provinciales.
No sé si algún día
saldremos de esta crisis, pero la trasparencia sería un paso muy importante
para lograrlo.
Entre tanto, para
cualquier tema, toda afirmación en un sentido u otro es indemostrable si entra
en juego el tema económico. Incluido el de la Independencia de Catalunya. Con
las actuales informaciones económicas es imposible que nadie establezca planes
de viabilidad o de inviabilidad... pero lo peor es que, en caso de que Catalunya
optara por no independizarse existe exactamente la misma información para confirmar
si eso es viable o inviable. Y el que pretenda hacer afirmaciones rotundas, en
un sentido u otro, miente. Así que, en último lugar, a los catalanes (como al
resto de españoles) solo les queda hacer lo que les dicte su corazón.
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